Ciudad Juárez, Chih., a 21 de octubre de 2009
A la comunidad universitaria
A la ciudadanía en general
PRESENTE:
En nuestra calidad de integrantes de la comunidad universitaria y en cumplimiento al reglamento de los deberes, responsabilidades y sanciones de los integrantes de la comunidad universitaria, en su capítulo II artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 16 que a la letra dicen:
SON DEBERES
ARTÍCULO 5º. - Participar en forma destacada ante la sociedad en la búsqueda de soluciones que tiendan a resolver los problemas de la comunidad.
ARTÍCULO 6º. - Ser consciente con su condición de universitario y esforzarse en todos sus actos para ser digno ejemplo ante la sociedad.
ARTÍCULO 7º.- Participar activamente en el libre ejercicio de todas las corrientes de pensamiento sin más limitación que las establecidas por las leyes.
ARTÍCULO 8º.- Defender los derechos y cumplir con las obligaciones que las leyes generales del país señalen a sus habitantes.
ARTÍCULO 9º.- Cumplir y hacer cumplir la Ley Orgánica de la Universidad y todos sus reglamentos.
ARTÍCULO 16º.- Preservar el funcionamiento normal de todas las actividades de la Universidad.
nos dirigimos a ustedes para manifestar lo siguiente:
En medio de una crisis mundial, consecuencia lógica del sistema de producción capitalista que aglutina la riqueza en unos cuantos consorcios transnacionales y que satura al mercado con sus productos, lo que lleva al cierre masivo de empresas y al consecuente despido, también masivo, de trabajador@s, México es de los países más drásticamente afectos por su subordinación al Imperio Norteamericano, epicentro del Tsunami financiero al que han contribuido la plutocracia neoliberal de los últimos 27 años en este país.
Nuestra ciudad, que desde el arribo de las maquiladoras hace cuatro décadas, fue transformada de una región agrícola y turística a una ciudad industrial, resiente como ninguna otra la crisis que lanza al desempleo a decenas de miles de trabajador@s. Una clase trabajadora, que si no es despedida, ve disminuidos sus ingresos: vía inflación, por el constante aumento de los productos de consumo familiar (alimentos, medicinas, etc.), del transporte, de los servicios domésticos (agua, luz, gas, teléfono), de las gasolinas y, para colmo, por el incremento de los impuestos (IVA, ISR, etc.); que contrariando toda lógica del bien común los representantes de la burguesía en el Congreso aprueban, condenando a los que menos tienen a pagar la crisis que generaron los banqueros y empresarios (los que más tienen).
Es en esta misma ciudad, donde increíblemente se encuentra la universidad pública más cara del país. Una universidad que sostenida con los impuestos de l@s trabajador@s absurdamente los excluye de poder mandar a sus hijos o asistir ellos mismos a adquirir educación superior, dado el elevado costo de las cuotas de inscripción ($2,000 en promedio), inalcanzables para los $500 semanales que en promedio recibe un obrero.
Esta situación evidentemente injusta (además de ilegal) ha pasado desapercibida por la comunidad universitaria, que mientras podía sostener el estilo de vida “propio de un estudiante de la UACJ” no cuestionaba. Hoy el panorama cambia entre los estudiantes universitarios, la clase media que históricamente se ha educado en la UACJ se ve golpeada, debido a la crisis, fuertemente en sus ingresos; de tal manera que nuestras autoridades universitarias se han visto obligados a reactivar el mecanismo de prorrogas de pago que al inicio de la administración del reciente rector se había suspendido, se habla de que alrededor del 30% de los estudiantes solicitaron plazos para pagar, lo que evidencia el tamaño del problema.
La realidad de los estudiantes universitarios hoy es abrumadora: no hay suficiente dinero para seguir costeando una educación a todas luces cara y, por qué no decirlo, deficiente. Muchos han sido los que suspendieron sus estudios, muchos más los que no han podido intentarlo siquiera, y más serán, conforme se agudice la crisis, los que iremos tomando nuestros cuadernos para ir a casa si no hacemos algo.
Ahora bien, hay quienes defienden o justifican las cuotas que se cobran en la UACJ, los argumentos a favor fácilmente pueden ser desmantelados:
¡El que realmente quiere estudiar lo hace!
La cobertura educativa sólo abarca el 18 % de los jóvenes entre 20 y 24 años, por lo que la mayoría no tiene oportunidad de estudio, quedando un gran rezago educativo que viene en detrimento del país. Por ejemplo, de los aproximadamente 9,000 estudiantes que intentaron ingresar a la UACJ en el ciclo escolar pasado, alrededor de 6,000 fueron rechazados, por lo que solo uno de cada tres estudiantes entró a la universidad; ¿ese 66% no quiere estudiar?
El costo por el derecho a examen en la universidad es excesivo (este ciclo se cobró arriba de 600 pesos) y claramente un lucro a partir de la esperanza de quienes aspiran ingresar a nuestra universidad; además, la deficiencia educativa de las escuelas preparatorias públicas o las “patito” deja en desventaja a los sectores populares. Si a esto sumamos el esfuerzo, e incluso sacrificio, por juntar el dinero necesario para la inscripción, como trabajar para poder estudiar (lo que significa estudiar a medias), si vemos las dificultades a las que se enfrenta una madre soltera o el hijo que tiene que dejar los estudios para contribuir al gasto familiar, nos daremos cuenta que muchos son los que quieren pero no pueden.
¡Existen Becas!
Mediante el argumento de que las becas se otorgan a los que las necesitan, se esconde la justificación para seguir un proceso de privatización de la educación.
En nuestra universidad existe, para reducir el cobro de cuotas de inscripción, la beca de excelencia y la de promedio. Con la beca de excelencia el cobro se reduce a 89 pesos y con la beca promedio el cobro se reduce a la mitad. Para obtener la beca promedio se necesita de una media de 9.0 y para obtener la beca de excelencia un promedio de 9.6. El problema con estas becas es que no tienen un apoyo económico directo al estudiantado, lo cual significa que trabajar para poder estudiar siga siendo un problema de las y los estudiantes sin recursos económicos; si a lo anterior sumamos los tiempos requeridos para cumplir con las cargas de trabajo de las clases, es muy difícil que la gente que trabaja pueda conseguir los promedios necesarios para las becas. Así, éstas no lleguen a la gente que lo necesita, dicho más claro, para tener beca se necesita no ser trabajador, es decir, no tener necesidad.
En cuanto la necesidad lleva al ámbito laboral a los estudiantes, por muy brillantes que sean sus promedios bajan y su rendimiento escolar igual. Así mismo, las becas no se ofrecen a los estudiantes de recién ingreso, la opción de las becas Socioeconómicas no se asignan a los grupos vulnerables y cuando se llegan a asignar generalmente solo otorgan un 50 % de descuento, condicionado a cambio de trabajo social, lo que al final de cuentas no es beca, sino un proceso humillante para quienes no tienen recursos y desean seguir estudiando.
¡La universidad requiere esos ingresos para funcionar!
Como se puede revisar en la página de la UACJ (http://www.uacj.mx/planeacion/Reportes Revisados Septiembre/INFORME FINANZAS 2009.doc) las cuotas de inscripción no representan ingresos vitales para el desenvolver universitario, sino más bien, un paso más en el proceso de desmantelamiento de la educación pública.
Para el presente año, la UACJ ejercerá un presupuesto equivalente a mil 259 millones 680 mil 271 pesos. De estos recursos el 82.7% corresponde al financiamiento ordinario y el 17.3% al extraordinario.
En cuanto al origen del financiamiento ordinario, se espera que 598 millones 451 mil 564 pesos sean aportados por la federación, 230 millones 326 mil 803 pesos por el Gobierno del estado y 212 millones 432 mil 995 pesos provengan de ingresos propios. Esto quiere decir que sólo un 16.8 % son recursos generados por la universidad, donde entrarían las cuotas y trámites como: credenciales, titulación, fichas de admisión, etc.
Si hubiera voluntad de nuestras autoridades las cuotas podrían ser reducidas o incluso eliminadas mediante medidas de austeridad, recortes a las altas pensiones de ex rectores, a gastos discrecionales, o exigiendo simplemente al Estado cumplir con su responsabilidad de promover e impulsar la educación superior.
Esto último está establecido por las leyes:
Ley general de educación
Capítulo II
Del federalismo educativo
Sección 3.- Del financiamiento a la educación
Artículo 25.- El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado - Federación, entidades federativas y municipios, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinando de este monto, al menos el 1% del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas. En la asignación del presupuesto a cada uno de los niveles de educación, se deberá dar la continuidad y la concatenación entre los mismos, con el fin de que la población alcance el máximo nivel de estudios posible. (…) Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de desventaja.
El gobierno no cumple en asignar el 8% del PIB a educación. En los últimos 5 años lo destinado ha rondado el 4% anual. Si se destinaran los recursos que por ley corresponden se podría garantizar la gratuidad de la educación a todos los niveles.
Una vez demostrado que el alto cobro de cuotas no es determinante para los ingresos de la universidad, identificamos su verdadero significado: se trata de hacer una universidad elitista, donde las y los trabajadores, las personas de escasos recursos y los campesinos queden fuera de la educación superior. Con una universidad elitista, es más fácil avanzar hacia la privatización, verdadero objetivo del estado mexicano ahora dominado por el credo neoliberal capitalista. En ese sentido se expresan los documentos de la ANUIES (en línea: http://www.anuies.mx/).
Además, las altas cuotas de inscripción violan los acuerdos internacionales suscritos por nuestro país en materia de Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948 en su artículo 22 señala que:
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social (…) la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Así mismo el artículo 26 señala:
Toda persona tiene derecho a la educación. (…) La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
Los derechos humanos son el garante de la dignidad humana, sin ellos no se puede hablar de desarrollo humano, cuando las altas cuotas para acceder a la educación superior se convierten en un obstáculo para las clases medias y bajas de la población, el derecho humano a la cultura, a la educación, se violenta porque su cobertura no es generalizada ni igual para todos. Donde la educación se imparte en función de quien tiene dinero para pagar y no en función de los meritos propios, la sociedad se vuelve inhumana. Ofrecer becas, es ofrecer limosnas en vez de respeto a nuestra dignidad, a nuestro derecho humano a la educación.
También, en nuestra constitución se consagra la educación para tod@s:
Artículo 3º-. Todo individuo tiene derecho a recibir educación.
(…)
II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además:
a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
(…)
c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos;
IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita.
Una educación elitista (que es la que sólo abarca a quien puede pagar cuotas) no es democrática, no tiende al mejoramiento económico, social ni cultural del pueblo. Un sistema educativo que excluye al pueblo no contribuye a mejorar la convivencia humana ni sustenta los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos y todas. Las elevadas cuotas privilegian a los que pueden pagar y marginan al pobre aún más de lo que el sistema económico vigente lo excluye.
De igual forma compañer@s, la ley general de educación señala en el capítulo III de la equidad en la educación lo siguiente:
Artículo 32.- Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.
Una universidad que excluye del proceso de generación y desarrollo de pensamiento a sectores de la sociedad tan amplios, privilegia a la perspectiva de las clases potentadas, convirtiendo a nuestra universidad en Parcialidad ¿Autónoma? de Ciudad Juárez (PACJ). La universalidad de pensamientos y el dialogo entre ellos no puede ser rota por cuotas onerosas, ni parchada con becas a un@s cuant@s estudiantes periféricos, a condición de ser brillantes, mientras las mayorías son lanzadas a solicitar (des)empleo en la maquila.
Estudiantes universitarios, compañer@s: con la gran cantidad de profesores que trabajan por honorarios en la universidad, que son la mayoría, tenemos un ejemplo de cómo se domina a la Comunidad Universitaria. Es sabido que los profesores que no tienen asegurado su trabajo, como lo marca la ley, no pueden desplegar su actividad política libremente, como los que tienen plaza. Ésta es la verdadera razón por lo cual la universidad difícilmente contrata profesores con planta, en detrimento de la calidad educativa y en menoscabo de la actividad universitaria. El panorama actual nos señala que nos corresponde a los estudiantes tomar la vanguardia en la lucha universitaria y social. Por nuestr@s maestr@s, por la educación, por nuestro pueblo.
Por todo lo planteado anteriormente y como estudiantes de una universidad pública, nos pronunciamos en contra de las altas cuotas de inscripción y por ende de la falta de oportunidades educativas en quebranto de las personas de escasos recursos, que somos la mayoría. Ésta es nuestra propuesta: organizarnos para decidir de manera democrática que es lo que podemos hacer para defender nuestro derecho a la educación, amenazado por las altas cuotas que pagamos, integrar un FRENTE AMPLIO POR LA REDUCCIÓN DE LAS ALTAS CUOTAS que cobra la institución, organizar la iniciativa de las y los estudiantes, luchar por nuestros derechos universitarios que han sido pisoteados para dar resultados a intereses ajenos al bienestar público.
Convocamos a todos los interesados en esta demanda estudiantil a una asamblea el día viernes 30 de octubre a la 1:00 pm en frente del edificio C del ICSA.
Solicitamos humildemente tu solidaridad. Apóyanos con tu participación organizada por esta justa demanda.
¡Por la Autonomía Universitaria!
¡No a las altas cuotas de inscripción!
¡Por una universidad del pueblo y para el pueblo!
Comité Universitario de Izquierda
